La huelga según los tribunales superiores de justicia

"..no importa si existe entre las partes un instrumento colectivo vigente o si hay una negociación colectiva en curso. Tampoco si el sindicato agotó todas las vías disponibles antes de efectuar la huelga.."

Luis Lizama Portal
Profesor asociado de Derecho del Trabajo
Facultad de Derecho Universidad de Chile
 
En plena discusión en el Senado del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, la Sala Laboral de la Corte Suprema (rol. 28.919-2015) ha declarado inadmisible un recurso de unificación de jurisprudencia cuyo objeto era impugnar una sentencia de la Corte de Santiago que estableció que la huelga constituye un derecho fundamental de los trabajadores que puede ser ejercido al margen del procedimiento de negociación colectiva regulado por el Código del Trabajo. La misma conclusión había sido alcanzada anteriormente por las Cortes de Rancagua (2012) y Antofagasta (2015).

Esta decisión adoptada por los tribunales superiores de justicia del país torna irrelevante la discusión legislativa sobre reemplazo en huelga, negociación colectiva interempresas y titularidad sindical. Y ello es así porque, según la decisión judicial, los trabajadores tienen derecho a ejercer la huelga en protección y defensa de sus derechos e intereses económicos, con la sola excepción de los funcionarios públicos y municipales, y de aquellos trabajadores que laboran en empresas que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, a quienes la Constitución expresamente les prohíbe ejercer ese derecho.

Entonces, para que los trabajadores puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga solo será necesario que prueben que su finalidad es económica y social; por ejemplo, la defensa de derechos que se estiman vulnerados (Corte de Santiago, rol 1144-2015), el reclamo de constantes infracciones laborales cometidas por el empleador (Corte de Antofagasta, rol 91-2015), o bien la mejora de condiciones salariales (Crote de Rancagua rol 159-2011).

Y no hay más límites. No importa si existe entre las partes un instrumento colectivo vigente o si hay una negociación colectiva en curso; tampoco si el sindicato agotó todas las vías disponibles antes de efectuar la huelga (mediación de la Inspección del Trabajo), y menos si la modalidad de huelga emprendida por los trabajadores (brazos caídos, huelgas cuadradas, solidaridad u ocupación de instalaciones) es proporcional al logro de sus objetivos. Ni siquiera es necesario que los trabajadores le adviertan previamente al empleador que ejercerán su derecho a huelga ni que acrediten que la misma ha sido aprobada mayoritariamente por los socios del sindicato.

Deberíamos suponer, aunque los fallos citados no lo indican, que esta huelga deberá ser pacífica, a fin de satisfacer los márgenes que los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han establecido para ella.

Así las cosas, de consolidarse la definición de huelga que han formulado los tribunales superiores de justicia, no será necesario que el Congreso Nacional se agote en la discusión de la reforma al derecho colectivo, que lo mantiene ocupado desde diciembre de 2014.

Lo anterior, porque a los trabajadores les bastará tener una buena excusa para ejercer su derecho a huelga en el momento que les parezca oportuno (ya que no habrá un período de paz social cubierto por un instrumento colectivo vigente durante el cual no es posible declararse en huelga) en contra de uno o más empleadores (no tendrá ninguna importancia si el sindicato es de empresa o interempresa, ni si hay o no obligación de negociar colectivamente), en la modalidad que defina el sindicato (trabajar en forma lenta o a desgano, bajar los brazos y no laborar, tomarse el establecimiento), sin restricción alguna (el empleador no podrá reemplazar a los huelguistas ni exigir servicios mínimos al sindicato) y sn que haya autoridad facultada para definir si la huelga es ilegal o abusiva (la OIT promueve que sea un órgano independiente de las partes).

En otras palabras, del modo en que se entiende la huelga por los tribunales superiores de justicia, podríamos derogar todo el libro IV del Código del Trabajo sobre negociación colectiva (y no continuar el tedioso trámite legislativo del proyecto de ley en actual discusión) por innecesario, superfluo y redundante.

Por lo mismo, me parece que si la Corte Suprema quiere cumplir una función normativa ( y no solo interpretativa), deberá medir las consecuencias y el impacto de sus decisiones, ponderando y equilibrando correctamente los derechos fundamentales en juego. Ello, porque en los fallos citados se efectúa una acabado estudio acerca del contenido esencial del derecho a huelga de los trabajadores, pero no se dice nada de la colisión que produciría su ejercicio (del modo en que lo entienden los jueces) con la libertad de emprendimiento y el derecho de propiedad de los empleadores.

Carta publicada en El Mercurio el día domingo 13 de marzo de 2016.