Desde que la Dirección del Trabajo –en un esfuerzo que terminó siendo un simple saludo a la bandera- intentó redefinir su doctrina en torno al concepto de remuneración para efectos indemnizatorios, se ha instalado nuevamente la necesidad de establecer un patrón común que permita complementar las normas contenidas en los artículos 41 y 172 del Código del Trabajo, y definir, de una vez por todas, un concepto unitario y armónico de remuneración como correcta base de cálculo en caso de judicialización de estos ítems.
Sin embargo la determinación de la DT en este ámbito, que puede considerarse como la consecución de una necesidad jurídica de años, redundó en un delicado tema de índole social y político, y por tanto, el mentado esfuerzo no fue más que un voladero de luces.
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